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sábado, 5 de febrero de 2022

El Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC)


El baremo para acceder a ayudas sociales 
lleva once años congelado


Hay cifras que pueden cambiar la vida a las personas, especialmente a la más necesitada. Una de ellas es el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), la cuantía que la Generalitat fija anualmente como baremo para permitir el acceso a diferentes ayudas sociales. Entidades y sindicatos denuncian que el IRSC está congelado desde 2010 y su cálculo no se actualiza desde su creación, en 2006, lo que dificulta el acceso a estas ayudas. 

“Estamos luchando contra la pobreza actual con las mediciones de hace mas de 10 años”

Cuando se creó el IRSC, en 2006, la Generalitat pretendía tener un indicador propio que sirviera para valorar la situación de necesidad de una familia catalana, diferenciado del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) español. El baremo catalán es más generoso que el español. La ley determina que el IRSC se fija dentro de los Presupuestos y que esta “tiene que evaluar anualmente la actualización del indicador, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía”.

“Los diferentes Ejecutivos catalanes, de todos los colores, han menospreciado el compromiso de actualizarlo”. Desde 2010, el IRSC ni si quiera se actualiza mediante el IPC para contener gasto. 

“Es un recorte encubierto en toda regla”, 

“Un indicador tiene sentido solo si se adecua a la realidad territorial"


“Si ya existe un indicador, hay que actualizarlo y revisar el sistema de prestaciones. 
Decir que se vive de manera suficiente con 562 euros al mes está muy desfasado”

 “Un indicador tiene sentido solo si se adecua a realidades territoriales. La discusión sobre el IRSC tiene que ir acompañada con la del salario mínimo” “El cómputo anual del IRSC es menor al del Salario Mínimo Interprofesional, que no permite una vida decente. 


Recollida signatures suport a Carta al Parlament 
davant situació exclusió social i actualitzacio IRSC

Ante el notable incremento de la exclusión social en Cataluña la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía hemos acordado registrar la Carta pública, que adjuntamos con el presente mensaje en formato pdf, dirigida al Parlament de Catalunya y donde solicitamos un conjunto de medidas como la actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), etc.

Esta carta estará firmada por entidades y sociales y personas solidarias. Creemos que extender el apoyo a la carta ayudará a que los grupos parlamentarios consideren las medidas solicitadas.

En función de la respuesta, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, hemos valorado adoptar iniciativas de sensibilización y movilización de la ciudadanía solidaria.

La comunicación de la adhesión a la Carta debe enviarse al email:  ilprcg@gmail.com antes del próximo jueves 10 de febrero a las 14 horas,

Las entidades firmantes han de comunicar su denominación o siglas, y las personas su nombre y dos apellidos, así como su representatividad, actividad social o profesión a destacar.


Muchas gracias


Barcelona 5 febrero 2022


Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía



Davant el notable increment de l'exclusió social a Catalunya, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania hem acordat registrar la Carta pública, que adjuntem amb aquest missatge en format pdf, adreçada al Parlament de Catalunya i on sol·licitem un conjunt de mesures com l'actualització de l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), etc.

Aquesta carta estarà signada per entitats i socials i persones solidàries. Creiem que estendre el suport a la carta ajudarà que els grups parlamentaris considerin les mesures sol·licitades.

En funció de la resposta, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, hem valorat adoptar iniciatives de sensibilització i mobilització de la ciutadania solidària.

La comunicació de l'adhesió a la Carta s'ha d'enviar a l'email: ilprcg@gmail.com abans del proper dijous 10 de febrer a les 14 hores,

Les entitats signants han de comunicar la seva denominació o sigles, i les persones el seu nom i dos cognoms, així com la seva representativitat, activitat social o professió que cal destacar.


Moltes gràcies


Barcelona 5 febrer 2022


Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania





Carta a PARLAMENT Actualitzacio Urgent IRSC-cat by JordiTrujillo on Scribd

Carta a PARLAMENT Actualitzacio Urgent IRSC-cast by JordiTrujillo on Scribd

lunes, 24 de enero de 2022

Reforma Laboral 2021: una estafa a favor de la patronal




“¡Vamos a derogar la reforma laboral 

a pesar de todas las resistencias!”

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, el 23/10/2021 en el acto de cierre del Congreso de CCOO.

El Acuerdo de Gobierno celebrado entre PSOE y UP a finales de 2019 decía expresamente en su apartado 1.3: «derogaremos la reforma laboral». Pero, en la enésima de las traiciones del PSOE a las trabajadoras y trabajadores, en esta ocasión secundado por UP, ha optado por llevar a cabo un retoque meramente cosmético de la reforma de 2012. Sin embargo, y como quiera que para tales iniquidades sí que cuenta con una plena cobertura mediática que va desde la extrema derecha hasta los medios «progres» que lo apoyan (Público, eldiario.es, etc.), el Gobierno ha optado por lanzarse a una campaña de fakes que procura presentar las modificaciones en la actual legislación laboral como un cambio de paradigma en las relaciones laborales y a la principal urdidora del fraude (Yolanda Díaz) como una suerte de heroína.

No nos debe extrañar que la CEOE haya saludado la nueva reforma laboral pactada porque -en su opinión- «consolida el modelo laboral actual» al mantener «intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas».

1. LOS SUPUESTOS CAMBIOS EN LA TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS

A grandes rasgos, puede decirse que hay cuatro tipos principales de contrato laboral en España: indefinido, temporal, para la formación y en prácticas. La idea que se pretende «vender» desde el Gobierno es que la posibilidad de celebrar contratos que no sean indefinidos quedará muy restringida tras la reforma laboral. Según ese relato, el carácter indefinido de la relación de trabajo pasará a ser la regla, con apenas excepciones. Pero finalmente esto no es así.

En realidad, lo que el Gobierno ha hecho para conseguir la firma de la patronal no es más que eliminar la modalidad “por obra o servicio” y mantener el eventual por circunstancias de la producción (por acumulación de tareas o exceso de pedidos) con alguna modificación menor, ya que introducen dos subtipos. Ahora las empresas podrán recurrir a esta modalidad temporal, en primer lugar, cuando se

produzca un incremento “ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere”, con una duración máxima de 6 meses, ampliables 6 más si así lo permite el convenio colectivo. Pero además podrá, en segundo lugar, firmarse este tipo de contrato temporal para atender situaciones ocasionales, incluso si son previsibles, con una duración máxima de 90 días en el año natural.

En definitiva, que reformulan el contrato eventual por acumulación de tareas o exceso de pedidos para dejarlo prácticamente igual.

¿Es acaso digna de aplauso la novedad de crear una concreta modalidad de contrato temporal reducida a solo 90 días, porque implique algún avance en la legislación? Según el informe Costes económicos y sociales de la inestabilidad en el empleo, elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CCOO, los 4,4 millones de asalariados temporales se reparten al año más de 20,3 millones de contratos (4,61 contratos por persona con un contrato temporal y año de media), lo que nos da una duración media de los contratos temporales que no llega a los 80 días.

Por eso, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de contratos temporales duran menos de esos 90 días que se ha establecido como duración máxima de estos contratos, la incidencia de la norma sobre el mercado de trabajo será mínima. Es más, en aquellos casos en los que la duración prevista sea superior a 90 días, lo que puede implicar es que la extinción de la relación de trabajo se anticipe, como forma de evitar la conversión del contrato en indefinido, con lo cual la reforma sólo ayudaría a promover la ya altísima tasa de rotación en el trabajo que caracteriza al mercado laboral en España.

En fin, si además consideramos que la esencia de la reforma laboral del PP (el coste del despido) no se toca, la consecuencia de la eventual conversión de un contrato temporal en indefinido tampoco sería tan grave para el empresario, porque el despido de una trabajadora indefinida que llevase trabajando 120 días, pongamos por caso, sólo supone la necesidad de abonarle 11 días de salario, lo que significa un sobrecoste que no llega al 10 % durante la vigencia del contrato.

2. ¿CAMBIA ALGO EN LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS?

Respecto del contrato en prácticas, su regulación permanece igual. La regla sigue siendo que su concertación ha de tener lugar en los cinco años siguientes a la finalización de los estudios. La única innovación reside en que, con arreglo a la legislación vigente, esta clase de contrato podrá celebrarse con los discapacitados hasta siete años después de la obtención del título académico que da lugar a las prácticas, duración que se rebaja a seis en la propuesta gubernamental.

3. EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN PARECE QUE SÍ CAMBIA… Y EMPEORA

Si hasta ahora era posible recurrir a esta modalidad para la contratación de jóvenes entre 16 y 25 años que carezcan de la titulación requerida para celebrar un contrato en prácticas, en la reforma gubernamental esa posibilidad se reduce como regla (hay excepciones) a los jóvenes entre 16 y 21 años.

En resumen, dado que el contrato para la formación es temporal y restringe los derechos que posee la persona trabajadora sujeta a un contrato común, se ha de considerar positivo el que se rebaje de 25 a 21 años la edad máxima con la que puede concertarse este tipo de contrato, así como que su duración ordinaria se rebaje de tres a dos años; pero hay que considerar negativo el que la duración mínima pase de un año en la actualidad a seis meses y que asimismo el tiempo mínimo que se haya de dedicar a la formación durante el primer año se reduzca del 25 % al 15 %.

4. CONTRATO INDEFINIDO: REFUNDICIÓN DE MODALIDADES, PROPAGANDA Y NADA MÁS

Respecto del contrato indefinido, desde la claque mediática del Gobierno se nos trata de vender la idea de que, a partir de la nueva redacción del ET, como regla los contratos van a ser indefinidos y que los temporales van a ser tan sólo expresamente aquellos que encajen en alguna de las modalidades de contrato temporal, y que, en particular, pasarán a ser indefinidos los contratos que se celebren para cubrir puestos de trabajo de temporada (hostelería, campañas navideñas, etc.). No obstante, hay que decir que, en el plano de la legalidad, ello es ya así, de modo que la pretendida innovación vendría a ser una suerte de descubrimiento de la pólvora.

El nuevo contrato que se propone por parte del Gobierno abarcaría estas dos modalidades, pudiéndose concertar «para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero con fechas de llamamiento cierto aunque indeterminado, así como para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa», circunstancia esta última en la que están las contratas, que no dejan de ser un subtipo contractual dentro del supuesto de contratos fijos con «fechas de llamamiento cierto aunque indeterminado».

5. ¿SE CAMBIARÁ ALGO EN LA SUBCONTRATACIÓN?

Las empresas pueden solicitar los servicios de otras compañías para que realicen parte de la actividad que integra el proceso productivo, a través de una encomienda de tareas a una empresa externa que se denomina subcontratación o outsourcing. De nuevo los intereses empresariales han prevalecido: se fija que la referencia para los trabajadores subcontratados sea el convenio sectorial de la actividad en cuestión, pero si la empresa de la que dependen tiene un convenio propio, es éste el que se aplicaría. Eso sí, dado que se ha pactado la prevalencia del convenio sectorial respecto a salarios, en la práctica estos seguirían marcados por el sector. La empresa no podría jugar a la baja con las remuneraciones, aunque no ocurre lo mismo con otras condiciones laborales (jornadas, horarios, compensación u abono de horas extra, etc.).

6. NO SE RESTABLECEN LAS ANTERIORES INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, NI REGRESAN LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

Esto es algo que ya sabíamos desde el inicio de las negociaciones, pues jamás ha estado sobre la mesa restablecer las indemnizaciones por despido que recortó la reforma laboral del PP de 2012. Recordemos que, hasta 2012, las indemnizaciones por despido improcedente ascendían a 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, y que la empresa, incluso cuando optaba por la indemnización frente a la readmisión, tenía que abonar en todo caso los salarios de tramitación. Con la reforma laboral de 2012 estas indemnizaciones quedaron reducidas a 33 días de salario por año, con un tope de 24 mensualidades, y desaparecieron los salarios de tramitación cuando la empresa optaba por la indemnización.

Pues bien, parece que para el Gobierno de coalición de “izquierdas”, el gran recorte en los costes de las empresas para despedir no forma parte de los aspectos “más lesivos” de la anterior reforma laboral. Despedir sigue siendo igual de barato que como lo dejó el PP, cosa que ni se han atrevido a plantear en un inicio de la negociación con la Patronal.

Añádase que la supresión de los salarios de trámite dio lugar a una huelga general el 20 de junio de 2002, cuando el PP hizo un primer intento fallido de introducirla por primera vez en nuestra legislación, y a dos huelgas generales en 2012 (las de los días 29 de marzo y 14 de noviembre), ambas contra la reforma laboral de la cual esta supresión era un componente esencial. Ahora, sin embargo, CCOO y UGT parecen

dar por bueno lo que ayer consideraron inadmisible y la izquierda política santifica este aspecto esencial de la reforma laboral del PP, poniendo de manifiesto hasta qué extremo de degeneración han llegado todas estas organizaciones que viven del corrompido sistema pseudodemocrático.

7. DESPEDIR SEGUIRÁ SIENDO, ADEMÁS DE BARATO, MUY FÁCIL DE JUSTIFICAR

Tampoco se revocan las enormes facilidades que para el despido colectivo y para el despido individual objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción se introdujeron con la reforma laboral del PP.

Recordemos que, antes de la reforma de 2012, los despidos colectivos necesitaban la autorización administrativa. El PP no solo facilitó y amplió las causas de despido colectivo, sino que eliminó la fase administrativa de tal manera que, si el periodo de consultas con los representantes de los/as trabajadores/as acababa sin acuerdo, la empresa puede imponer el despido colectivo a criterio dejando tan solo la posibilidad de impugnarlo ante los Tribunales. Al Gobierno PSOE-UP estos recortes de derechos deben parecerle bien porque ni han intentado modificarlos.

Lo mismo pasa con las facilidades introducidas por la reforma del 2012 para los despidos objetivos individuales, que son aquellos que son indemnizados tan solo con 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades: no se tocan y no se habla de ello, como si la facilidad para despedir no fuera sumamente lesiva para la clase trabajadora.

8. ¿Y QUÉ PASA CON LA REFORMA LABORAL QUE HIZO EL PSOE EN 2010?

A esa reforma laboral, la que hizo el Gobierno de Zapatero en 2010, ni se la menciona, dándola tácitamente por buena, tal vez con la esperanza de que la más profunda y lesiva reforma del PP de 2012 la borre de nuestra memoria.

Pero CNT no la olvida: en aquella reforma, entre otros recortes de derechos, se empezó a ampliar los supuestos donde la indemnización por despido improcedente era 33 días por año (en vez de la de 45 días), haciéndola extensible no solo ya a los contratados bajo la modalidad de “fomento del empleo” como hasta entonces, sino también a los trabajadores con más de 3 meses en las listas del desempleo, los desempleados entre 31 y 44 años que hayan tenido un contrato fijo y que se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente, a los desempleados que en los dos años anteriores hubieran estado con contratos temporales y a los contratados temporales a quienes la empresa quisiera hacer fijos desde la reforma. Además, inauguró la senda de facilitar los despidos objetivos por causas económicas y estableció el despido objetivo por absentismo.

9. LOS RECORTES EN EL FOGASA TAMPOCO SE TOCAN

Una de las cuestiones que no han sido tratadas ni modificadas en la reforma laboral es el régimen jurídico del Fondo de Garantía Salarial, el organismo que abona a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago e indemnizaciones por despido en caso de insolvencia empresarial. Actualmente, España es el país con mayor incremento de insolvencias empresariales, lo que nos da una idea de la importancia de este organismo que, en muchísimas ocasiones, es el encargado de abonar a los trabajadores lo que le corresponde.

Durante el año 2012 se modificó el sistema de cálculo de la prestación abonada por el FOGASA, de manera que se limitó el alcance de su responsabilidad y, de esta manera, se disminuyó de manera importante la cantidad que los trabajadores pueden percibir por parte de este organismo en caso de insolvencia del empleador.

Por un lado, se redujo la cuantía máxima a abonar en concepto de salario, la cual pasó del triple del salario mínimo interprofesional diario con un máximo de 150 días, al doble del salario mínimo interprofesional diario con un máximo de 120 días.

Por su parte, se redujo también la responsabilidad del FOGASA en cuanto a la cantidad a abonar en concepto de indemnización por despido. Así pues, la base de cálculo pasó del triple del SMI al doble del mismo.

Asimismo, se modificó el régimen especial existente para las empresas de menos de 25 trabajadores, con lo que se redujo la cantidad a abonar en caso de que se hubiera extinguido el contrato como consecuencia de un despido fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del 40 % de la indemnización legal al máximo de 8 días de salario, y afectando solo a los contratos indefinidos.

10. REFORMA LABORAL Y REFORMA DE LAS PENSIONES: JUEGO DE TRILEROS

En fin, como guinda de esa degeneración se ha de recordar lo que está sucediendo con las pensiones, otro caso de neolengua, en el que el ataque más grave a la capacidad adquisitiva de las pensiones de los últimos años se está recubriendo con una verborrea que trata de encubrir la realidad. En efecto, el pasado jueves 2 de diciembre, el Congreso aprobó la reforma de las pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá, una ley que tiene entre sus principales razones de ser la actualización de las pensiones en función del IPC, pero con una poco disimulada trampa a la hora de realizar el cálculo del IPC.

La fórmula que se ha utilizado desde siempre es el IPC acumulado o interanual, un reflejo real de cuánto ha aumentado el coste de la vida. Pero el pacto de las pensiones entre el Gobierno, los dos sindicatos al servicio del poder y la patronal eligió otra fórmula: el IPC medio anual en los 12 meses previos, lo que aquí y ahora significa una pérdida de un 3 % en el poder adquisitivo. Y es que, aunque el IPC anual es del 5.5 %, las pensiones sólo subirán un 2,5 %. Así, mediante una suerte de juego verbal, típico de los trileros de la palabra en que estas organizaciones se han convertido, las pensiones suben con arreglo al IPC, pero el IPC deja de calcularse como hasta ahora se había venido haciendo, para así encubrir este ataque a los bolsillos de los pensionistas.

 https://www.cnt.es/noticias/reforma-laboral-2021-una-estafa-a-favor-de-la-patronal/ (27 diciembre, 2021)



viernes, 21 de enero de 2022

NO A LA CUMBRE DE LA OTAN QUE AMENAZA LA PAZ

 


¡OTAN NO, BASES FUERA!

La agresividad contra China iniciada bajo la presidencia de Trump prosigue con el actual presidente Joe Biden y amenaza la paz mundial.

El prolongado periodo de inversiones de las empresas, bancos y fondos norteamericanos en China, en el marco de la globalización neoliberal, enriqueció al poder financiero e industrial de Estados Unidas, pero también ha supuesto un importante crecimiento económico de China que ha reequilibrado el peso del imperialismo norteamericano en la economía y geopolítica mundial.

Sin embargo, los efectos de las políticas neoliberales, sin políticas de redistribución de la riqueza eficaces y suficientes, han provocado una creciente desigualdad en la sociedad norteamericana, y en consecuencia un profundo malestar social con capacidad de desestabilizar políticamente a través del triunfo de Trump, el posterior asalto al Capitolio tras su derrota electoral, y las perspectivas de recuperación del poder en el futuro por el “trumpismo”. No podemos olvidar que fue el “loco” Trump quien inició la ofensiva geopolítica y militar contra China.

En definitiva, el imperialismo norteamericano, se resiste a perder su dominación económica y con excusas injustificadas promueve nuevas alianzas contra China (AUKUS), adopta medidas de sanción económica, e intenta arrastrar a los gobiernos aliados de la Unión Europea, a través de la OTAN, a la espiral de confrontación.

En esta tarea de rodear y debilitar a China, el gobierno de Joe Biden intenta aprovechar el conflicto en el este de Ucrania con Rusia para persuadir a las potencias europeas: Estados Unidos apoya militarmente a la Unión Europea en el conflicto contra Rusia y, en compensación, la Unión Europea debe apoyar la estrategia belicista de EEUU contra China.

Los objetivos de la cumbre de la OTAN en junio de 2022 en Madrid

En este contexto de tensión creciente, se va a celebrar la cumbre de la OTAN el mes de junio en Madrid. En el proceso de preparación de la cumbre se elaboró por un Grupo de reflexión designado por el actual secretario General de la OTAN un documento de “Análisis y Recomendaciones” que en sus principales conclusiones pone el foco de la alianza militar sobre China y su influencia creciente, también sobre Rusia. Para reforzar la OTAN en su versión actualizada se incrementa la presión de Estados Unidos sobre sus socios para incrementar el gasto militar. Dicha presión se ha traducido en el importante gasto militar real en los presupuestos generales de España para 2022: 22.796 millones de euros, un 124% más de lo asignado al Ministerio de Defensa, según el reciente informe del centro Delàs de estudios por la paz.

La campaña propagandística que precede a dicha cumbre no puede borrar la realidad histórica: la serie de invasiones e intervenciones militares, golpes de estado, promovidos y efectuados por Estados Unidos, con el apoyo de las potencias europeas, la OTAN, etc., que han supuesto cientos de miles de muertes, hambrunas, pérdida de derechos, movimientos de refugiados, etc.

No olvidamos el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras de Franco en España, de Salazar en Portugal, de Somoza en Nicaragua, el apoyo al golpe de estado de Pinochet contra el gobierno democrático de Allende en Chile, el apoyo a las dictaduras militares en diversos países de América Latina, la invasión de Vietnam, Laos y Camboya, el bloqueo a Cuba, las intervenciones en Panamá, la desestabilización y desmembramiento de Yugoslavia, la invasión de Irak con la excusa de las “armas de destrucción masivas” que se revelaron falsas, las agresiones a Siria, la desestabilización de Libia, el apoyo a Israel contra los derechos del pueblo Palestino,

el incumplimiento de las resoluciones de la ONU en el conflicto del Sahara, y en muchas ocasiones con la colaboración directa de la OTAN, de las potencias coloniales europeas, o de su pasividad cómplice.

El imperialismo norteamericano tiene las manos manchadas de sangre en su dominación económica y militar. Ponerse a su servicio o dejarse arrastrar por sus ambiciones y estrategias, solo puede poner en peligro la paz mundial, y colocar al estado español en el foco de posibles represalias militares.

Es más necesario que nunca movilizarse para impedir la espiral belicista promovida por Estados Unidos y que tiene como objetivo mantener su dominación imperialista en declive.

Para detener dicha ofensiva es necesario exigir al gobierno de España que dé ejemplo a escala europea e internacional, desmarcándose de los objetivos belicistas de Estados Unidos, saliendo de la OTAN, cerrando las bases militares de Estados Unidos en España, y reduciendo drásticamente el gasto militar. En definitiva, avanzar hacia una verdadera independencia, neutralidad y soberanía estratégica, que facilite un papel de mediación de España en los conflictos

Es hora de desmontar las viejas alianzas militares que solo provocan respuestas similares en los países que se sienten objeto de su amenaza. Hay que acabar con las estrategias de dominación y superioridad de las viejas potencias coloniales.

En su lugar, debemos promover el diálogo y la cooperación, la convivencia pacífica entre estados y pueblos, respetando las soberanías de las naciones y estados, impulsando la superación de la globalización neoliberal y la grave desigualdad y pérdida de derechos sociales, laborales y políticos que ha causado.

Solo con la solidaridad, la redistribución de la riqueza, un comercio justo, crearemos las condiciones para construir la fraternidad entre pueblos en condiciones de igualdad que permita preservar la paz.

En la próxima cumbre de la OTAN, llamamos a la ciudadanía, a los movimientos sociales y fuerzas políticas democráticas y pacifistas a movilizarse y alzar su voz en defensa de la paz:

¡OTAN NO, BASES FUERA!

Email para comunicar adhesión a la presente Declaración: cumbreotan.no@gmail.com

Enero 2022

Declaración Ante La Cumbre OTAN Junio 2022-Cat by JordiTrujillo on Scribd

jueves, 20 de enero de 2022

Informe FUNDACIÓN FOESSA 2022

 


EVOLUCIÓN DE LA COHESIÓNSOCIAL Y CONSECUENCIASDE LA COVID-19EN ESPAÑA


El objeto fundamental de la Fundación FOESSA, desde su creación hace más de cinco décadas, ha sido el análisis del desarrollo social en España desde el prisma de la exclusión social. Identificar y medir adecuadamente la extensión y las formas en que esta se manifiesta ha sido una de sus grandes preocupaciones. Aunque el fin principal ha sido tomar el pulso a la realidad social mediante informes generales elaborados entre intervalos temporales amplios, la Fundación no ha sido ajena a la necesidad de dar respuesta a momentos importantes de cambio social. Así, en 2010 publicó el informe El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España, con el propósito de sistematizar los efectos sobre la exclusión social que comenzaba a producir esa gran recesión que se inició a partir del año 2008.

En esa misma línea, en el momento presente resulta urgente valorar las consecuencias de la crisis de la COVID-19 sobre la estructura social, las condiciones de vida de las familias y la inclusión social. Son abundantes los estudios que han tratado de evaluar el impacto de la pandemia sobre la actividad económica y el empleo y, sobre todo, los que han puesto el foco en su impacto sociosanitario. El conocimiento, sin embargo, de cuáles han sido sus consecuencias en las condiciones de vida de los hogares y en los procesos de exclusión social apenas se ha ceñido a algunos datos aislados sobre la carencia de ingresos o la privación material.

Ese déficit y la posibilidad de que esta nueva crisis haya dado lugar a un nuevo empeoramiento de las oportunidades laborales y sociales de los hogares más vulnerables es la razón de ser de un nuevo informe de la Fundación FOESSA, centrado en el estudio global de las consecuencias sociales de la pandemia. El objetivo de esta investigación es analizar tanto las alteraciones que ha supuesto la crisis de la COVID-19 en el espacio social de la exclusión como caracterizar y revisar las políticas que han tratado de amortiguar sus efectos

  • Un tercio de los hogares con todos los miembros en paro (600 mil familias) carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad
  • La pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI
  • 1,8 millones de hogares (casi la mitad de los que están en exclusión social) sufren el apagón digital, lo que significa que viven la brecha digital de manera cotidiana
  • La pandemia ha aumentado la brecha de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer
  • La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento registrado durante la crisis de 2008
  • Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa
  • La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles
  • Tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado
  • Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias

Bajo el título «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España», Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han presentado esta mañana en Madrid la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.

El informe, presentado por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.

Según la investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social—, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas.

“Se ha producido -señala Raúl Flores- un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”. A lo largo de 700 páginas, el informe Foessa confirma además que “lo que empobrece a muchos trabajadores no solo es un salario insuficiente, sino muchas veces trabajar una jornada de 3 horas cuando podrían y desearían trabajar una jornada completa, o la temporalidad y estacionalidad de los contratos”.

Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 800 mil familias y el desempleo total familiar, casi se ha duplicado, es decir hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro. Y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación y un tercio de estos hogares (esto es, 600 mil familias) carece de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una cierta estabilidad y capacidad de generar proyectos vitales.

Teniendo en cuenta de que la principal fuente de ingresos de los hogares españoles son las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. En términos de renta, el informe elaborado a partir de una encuesta a más de 7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por ciento, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.

Para la secretaria general de Cáritas, “uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”.

La brecha digital, un nuevo factor de exclusión

La pandemia, además, ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, el nuevo analfabetismo del siglo XXI.

La investigación coordinada por los catedráticos Luis Ayala Cañón, Miguel Laparra Navarro y Gregorio Rodríguez Cabrero, revela que casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital, lo que significa que 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados solo por personas de 65 y más años y a personas que viven solas.

Este apagón digital supone dificultades serias para más de 800.000 familias (4,5% de los hogares) que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales/ falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.

La pandemia ha aumentado la brecha de género

La pandemia además ha aumentado la brecha de género. Esta crisis, en 2020, ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social.

Mientras que la tendencia general en hogares encabezados por hombres ha sido el descenso de la integración plena a la precaria, en hogares encabezados por mujeres ha prevalecido el descenso de la integración precaria a la exclusión.

La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%).

“Por un lado, estas diferencias de género han permanecido ausentes de debates tanto políticos, como mediáticos -apunta Raúl Flores- y, por otro, al margen de los cambios en la coyuntura económica y social, la desventaja acumulada por razón de género permanece, algo que remite a cuestiones de tipo estructural y que es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces”.

Ser joven, un factor de exclusión en sí mismo

Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la Covid-19. Según los resultados que arroja el informe Foessa, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta.

En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. Son 500 mil personas jóvenes más con respecto a 2018 que están afrontando situaciones de especial complejidad, lo que hace un total de 1,4 millones de jóvenes en situación de exclusión severa.

A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años y la tasa de exclusión severa se llega a multiplicar por cinco entre ambos grupos etarios.

“Hay un grupo de jóvenes -subraya Flores- que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.

La población inmigrante, la más perjudicada en varios frentes

Si el factor etario es algo más novedoso, la nacionalidad de origen sigue una tendencia ya habitual y, por desgracia, persistente. El 50,3% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, es decir, la exclusión social en estos hogares es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.

No obstante, resulta todavía más determinante la incidencia de la etnia en la intensificación de la exclusión social, en 2021, el 70,5% de los hogares gitanos se encuentra en exclusión social, cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles.

La población inmigrante además ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor que entre la población de origen español. Las razones son claras: unas peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus empleos.

“Este informe de hoy enfatiza -según Natalia Peiro- cómo la estructura social y económica, más allá de la pandemia, lleva décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social que son una realidad cotidiana para millones de personas y familias. Una estructura social y económica que genera desigualdad, donde quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar”.

La desigualdad también tiene un impacto territorial

La crisis provocada por la pandemia ha tenido un impacto diferenciado a nivel territorial debido a las diferentes estructuras demográficas, el modelo productivo y la trayectoria de protección social. La investigación permite observar la realidad de 10 de las 17 CCAA. De forma global, las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este, junto con Canarias. Se mantiene la tendencia existente en el anterior FOESSA de 2018.

Las diferencias territoriales de la exclusión social en España son en torno al 16% en Asturias o Euskadi, y del 29% en Canarias o Cataluña.

Sin embargo, al atender a las dimensiones de la exclusión, encontramos diferencias territoriales que indican dónde deben poner el foco algunas comunidades. En particular, la exclusión del empleo ha tenido más incidencia en Murcia, Andalucía o Canarias; la exclusión del consumo es más propia de comunidades como Madrid o Cataluña, mientras que la exclusión del derecho a la vivienda se da sobre todo en Canarias o Cataluña.

Estrategias de las familias para sobrevivir

Durante la pandemia, las familias han tenido que desplegar distintas estrategias para no verse arrastradas por la marea. La estrategia de reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado alcanza a prácticamente a 3 de cada 10 familias en España, y se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social.

Más de tres de cada diez familias (34%) considera que la pandemia ha tenido bastante o mucho impacto en el deterioro de sus relaciones sociales. El aislamiento, el distanciamiento social y la aversión al riesgo de contagiarse, expresadas como principales formas de autocuidado, han influido en la contención de los apoyos informales entre los hogares.

Entre 2018 y 2021 ha disminuido el porcentaje de personas que han ayudado o ayudan a otras personas y, en menor medida, también el de personas que han tenido o tienen alguna persona que pueda ayudarle. Este debilitamiento de los vínculos externos al hogar sigue siendo más acusado en los hogares en exclusión severa y en hogares monoparentales compuestos por madres con descendencia.

Nivel de activación alto entre las familias desfavorecidas

Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el nivel de “activación” es muy alto. Incluso en 8 de cada 10 hogares desfavorecidos la activación es fuerte, ya sea porque consiguen trabajar, porque estudian o se forman para mejorar su empleabilidad, o porque participan de programas de los servicios sociales o de entidades del tercer sector como Cáritas para avanzar en su salida de la pobreza o la exclusión.

“La activación de las familias en pobreza y exclusión es muy alta, incluidas aquellas a las que llegan las prestaciones asistenciales, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones”, señala Raúl Flores.

Retos y propuestas

La crisis de la Covid-19 está dejando una profunda huella que incide en los lastres de la Gran Recesión de 2008-2013 que no fueron plenamente resueltos en el siguiente periodo de recuperación.

Frente a situación, el informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:

1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.

2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.

3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.

4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.

5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.

6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.

7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.

8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.

9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.

Informe FOESSA 2022 by JordiTrujillo on Scribd

miércoles, 19 de enero de 2022

Una persona muere cada cuatro segundos en el mundo a causa de la desigualdad

 


Si los 10 hombres más ricos gastasen un millón de dólares diarios, agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años. Mientras, el 99% de la humanidad ha perdido parte de sus ingresos durante la pandemia






Desde el inicio de la covid-19, ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo cada 26 horas. Según el informe que acaba de publicar Intermón Oxfam, los diez hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas mientras se estima que más de 160 millones de personas han caído en la pobreza a raíz de la pandemia.

La riqueza de 2.755 milmillonarios ha crecido más durante la covid-19 que en los últimos 14 años, que ya había sido una época de bonanza económica para ellos. Se trata, según recoge el informe, del mayor incremento anual de la riqueza de los milmillonarios desde que se tienen registros, y está sucediendo en todos los continentes del planeta.


Mientras tanto, la desigualdad destruye vidas. La falta de acceso a servicios de salud, el hambre o la crisis climática contribuyen a que mueran cada día 21.300 personas, una persona cada cuatro segundos (la falta de acceso a servicios de salud mata a 5,6 millones de personas cada año; el hambre, a más de 2 millones). En mitad de esta violencia económica, este informe asegura que al menos 73 países se enfrentan a posibles medidas de austeridad respaldadas por el FMI, lo que podría agravar aún más las desigualdades entre países. El documento advierte que los derechos de las mujeres y los avances realizados en materia de igualdad de género se verán duramente golpeados por estas medidas de austeridad, en medio de una crisis que ha retrasado el camino para cerrar la brecha de género: ahora se calcula que se tardará 135 años en cerrarla frente a los 99 años que se estimaban antes de la pandemia. Según recoge el informe, los ingresos de las mujeres se redujeron en un 60% durante el primer mes de la pandemia y, actualmente, 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal. Conjuntamente, 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe.

En el informe se recogen algunos datos que nos sirven para ilustrar la desigualdad existente en nuestro planeta: “Si los 10 hombres más ricos gastasen un millón de dólares diarios, agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años”, afirma el documento. O este otro dato, también muy llamativo: “Un impuesto del 99 % sobre los ingresos extraordinarios que los 10 hombres más ricos han obtenido durante la pandemia podría movilizar dinero suficiente para fabricar suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar unos servicios de salud y protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Y aun así, estos hombres seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”.


En el caso concreto de España, 23 milmillonarios españoles han visto crecer su riqueza un 29% durante la pandemia, mientras más de un millón de personas en nuestro país ha empezado a padecer graves carencias materiales, como la imposiblilidad de hacer frente a gastos de suministros esenciales o comer carne dos veces a la semana. Además, según alerta el informe, el impacto económico y social de la covid ha hecho aumentar en 51.000 los hogares sin ingresos.

Para reorientar esta situación Oxfam recoge algunas medidas que habría que llevar a cabo de forma urgente como impuestos solidarios a la riqueza, sistemas sanitarios públicos, una financiación destinada a la adaptación al cambio climático y a construir un mundo sin combustibles fósiles, así como invertir en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres

Extraido de: https://ctxt.es/es/20220101/Firmas/38489/informe-intermon-oxfam desigualdad.htm#.YefmlwpawEQ.twitter

lunes, 17 de enero de 2022

Ante la reforma laboral 2021


La coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña denunciamos la contrarreforma laboral decretada unilateralmente por el gobierno de Mariano Rajoy el 10 de febrero de 2012 y apoyamos activamente la Huelga general convocada el 29 de marzo del mismo año (ver declaración al final del dossier).

Dicha contrarreforma se sumaba a anteriores retrocesos legislativos en materia de derechos laborales que favorecían la precariedad laboral y los bajos salarios. Sin embargo, la contrarreforma laboral del gobierno del Partido Popular significó por su dimensión y profundidad una agresión histórica a los derechos de la clase trabajadora.

Esta contrarreforma se produjo en el contexto de la crisis económica internacional de 2008 y de las presiones de las instituciones de la Unión Europea, especialmente de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para devaluar los salarios en consonancia con las medidas de austeridad y ajuste impuestas en los Tratados de Estabilidad presupuestaria.

Debe recordarse el grave atentado a los derechos laborales y sociales que supuso la contrarreforma neoliberal de la Constitución española con la imposición del artº 135 en septiembre de 2011, en base a un acuerdo parlamentario entre el gobierno del PSOE presidido por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy líder del Partido Popular, acuerdo que robó la soberanía a la ciudadanía la cual no fue consultada en referéndum.

Debe recordarse también, la contrarreforma de las pensiones que alargo la edad de jubilación a 67 años y empeoró las condiciones de acceso, resultado del pacto entre gobierno, la patronal y las direcciones de CCOO y UGT.

Las graves consecuencias de la contrarreforma laboral las ha sufrido el conjunto de la clase trabajadora y la mayoría social, el brutal incremento de la precariedad laboral, y el empobrecimiento a través de las facilidades para devaluar los salarios y despedir, han significado un retroceso histórico respecto de los niveles previos de bienestar. Las personas que han participado en la lucha por el pleno empleo y el trabajo digno son testigos directos de las terribles consecuencias sociales y del incremento de la desigualdad fruto de la contrarreforma laboral de 2012.

En estos últimos años, la Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña hemos reivindicado la plena derogación de la contrarreforma laboral junto a los sindicatos, movimientos sociales y fuerzas políticas.

El compromiso público adoptado por el PSOE y Unidas Podemos para formar el gobierno de España de derogar plenamente la contrarreforma laboral del PP generó ilusión sobre un cambio real en lo social en nuestro país. Este compromiso fue ampliado a otras fuerzas políticas como EH Bildu el 20 de mayo de 2020 (ver documento del pacto en páginas finales del presente dosier).

Sin embargo, lo ocurrido en el proceso de negociación con la patronal y las direcciones sindicales de CCOO y UGT, y especialmente el pacto final resultante, no solo son una gran decepción, provocan indignación y rebeldía ante el incumplimiento histórico del compromiso de derogar plenamente la reforma laboral.

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No hay ninguna excusa para justificar dicho incumplimiento, que traiciona la soberanía popular y los derechos de la clase trabajador al someterse a las presiones de Bruselas, de la Comisión Europea, para mantener lo fundamental de la contrarreforma laboral del PP, así como recortar las pensiones, a cambio de acceder a los fondos de recuperación económicos.

Una contrarreforma laboral decretada unilateralmente por el gobierno del PP, es decir sin negociación con las organizaciones sindicales y sociales, debía ser objeto de un acto de reparación como es su derogación plena por el gobierno. A partir de su derogación, podía abrirse una negociación con la participación del conjunto de organizaciones sociales y sindicales para mejorar los derechos laborales, incorporando las reivindicaciones del movimiento obrero para acabar con las ETT’s y la privatización de la gestión del empleo, reconocer al trabajador/a que ha tenido sentencia de despido improcedente el derecho a retornar a su puesto de trabajo, avanzar en el combate de las horas extras forzosas y no pagadas, avanzar en la reducción del tiempo de trabajo hacia las 30 horas semanales sin reducción del salario, etc.

El desastroso pacto de la reforma laboral enseñó las orejas con las presiones de la ministra Nadia Calviño obediente a las instrucciones de la Comisión Europea. Otro dato preocupante fue la pasividad de las grandes direcciones sindicales, qué salvo gestos y amenazas de movilización, siguieron aferrados a la mesa de negociación. Este pacto recogido en el “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo” puede consultarse en https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf

Afortunadamente, las protestas del sindicalismo alternativo y de clase, del tejido de organizaciones y movimientos sociales, ha dado lugar a una respuesta firme de rechazo al pacto de la reforma laboral de partidos parlamentarios como EH Bildu que ha esgrimido el pacto alcanzado en 2020, también de BNG, ERC, PNV, etc. Este rechazo pone contra las cuerdas el pacto sobre la reforma laboral, y salvo movimientos imprevisibles en otras fuerzas parlamentarias, o cambios de posición en última instancia, obligan al gobierno de España a retirar la reforma pactada, derogar la reforma del PP, o introducir modificaciones sustanciales en dicho pacto.

En esta coyuntura de oportunidades que se abre para desechar el pacto de la reforma laboral y avanzar hacia la plena derogación de la reforma laboral del PP, llamamos a la clase trabajadora, a la mayoría social, al sindicalismo alternativo, a las bases de CCOO y UGT, a movilizarse para conseguir la plena derogación de la reforma laboral del PP.

Con el objetivo de informar sobre el contenido real del pacto de la reforma laboral hemos elaborado el presente dossier que recoge las valoraciones, análisis, posicionamientos críticos, publicadas en diversos medios alternativos por orden de fecha de edición. Quienes quieran conocer las versiones de apoyo a dicho pacto habrán podido ilustrarse a través de la campaña de propaganda de los grandes medios de comunicación al servicio de los intereses del sistema neoliberal.

15 enero 2022

Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña

Email: coord.aturatscat@gmail.com



Dossier Valoraciones Pacto Reforma Laboral (1) by JordiTrujillo on Scribd

martes, 28 de diciembre de 2021

Prestaciones y Ingreso mínimo vital

 



Los parados que agoten el subsidio por desempleo podrán solicitar el ingreso mínimo vital a partir de 2022

La nueva Ley del Ingreso Mínimo Vital incluye novedades importantes para los parados que podrán solicitar el IMV al SEPE si agotan la prestación por desempleo a partir de 2022.


Hace poco menos de una semana, concretamente el pasado 22 de diciembre de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) recogida en el Real Decreto Ley 19/2021 que introduce una serie cambios importantes en cuanto a la prestación económica de cara al próximo año de 2022, que recordemos que sacó adelante el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez en junio de 2020.


Este es el caso de por ejemplo el aumento de la cuantía en un 3% más a partir de enero o el nuevo complemento de hasta 100 euros más por hijo a cargo. Se reduce también el periodo mínimo exigido en el IMV para los jóvenes con respecto a su independencia del hogar familiar, que pasa de tres a dos años. A este respecto, se tendrá en cuenta la renta en curso y no la del año anterior.

Pero ahora, y como novedad más reseñable, se suma información relevante para aquellos candidatos en situación de vulnerabilidad económica que hayan agotado todas las ayudas. El nuevo texto de la norma recoge que una vez agotado el subsidio por desempleo ofrecido por el SEPE en el caso de aquellas personas que lo hayan cobrado hasta ese momento, y siempre que justifiquen que no tienen otra fuente de ingresos, podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Y es aquí dónde viene lo más relevante. En este caso en concreto, el IMV se solicitará desde el Servicio Público de Empleo y no a través de la Seguridad Social.
Requisitos a tener en cuenta para acceder al Ingreso Mínimo Vital en 2022

El objetivo del Ejecutivo es que el IMV llegue a más familias, aligerando notablemente los requisitos. Hay que recordar que el porcentaje de beneficiarios a las que se le ha aprobado a esta prestación económica ha sido mínimo durante el último año. El Gobierno solo ha gastado 1.730 millones de euros en el IMV de los 3.000 presupuestados para 2021. Esto quiere decir que la prestación ha llegado a 339.019 familias y la ayuda media ha sido de 425,77 euros al mes por hogar.

Para ponerle solución el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presidido por José Luis Escrivá, apuesta por esta nueva vía para que aquellos que no tengan derecho a seguir cobrando esta prestación del SEPE "no se vean desprotegidos" y "en riesgo de pobreza extrema". Para ello se tendrá en cuenta varios requerimientos:

lunes, 27 de diciembre de 2021

El ingreso mínimo vital por qué han cobrado menos este diciembre?

La Seguridad Social revisa en el mes de diciembre las rentas para actualizar la cantidad a cobrar de ingreso mínimo vital.


Muchas son las personas que han visto este mes de diciembre que no han cobrado de ingreso mínimo vital la cantidad que normalmente venían recibiendo. Este es el primer año en, que la Seguridad Social revisa la rentas de los beneficiarios del IMV para su actualización.

Segun varios responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social y los mismos han hablado sobre esta cuestión. En el mes de diciembre las cuantías del ingreso vital se actualizan conforme a las rentas obtenidas en 2020. De este forma, las cuantías que ahora se cobran corresponden al mes de enero de 2022 y es la que se cobrará durante todo ese año.

las cuantías se obtienen de las declaraciones de rentas presentadas durante este año, que recordemos es un trámite obligatorio para seguir percibiendo esta prestación de la Seguridad Social.

Cambios en las cuantías del ingreso mínimo vital en diciembre

Desde el organismo del gobierno de España explican que, esta situación no siempre es desfavorable, es decir reducen la cuantía de la prestación. A final de cada año la Seguridad Social revisa el nivel de rentas y patrimonio de todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Con los importes actualizados el INSS procede a actualizar a la cuantía económica y que puede derivar en tres situaciones. Qué aumente o se reduzca la cuantía o que se retire la prestación por superar el umbral de ingresos.

En esta tabla se pueden ver las cuantías que deberán empezar a cobrar en 2022:
Un adulto: 484 euros al mes, 5808,36 euros anuales.
Un adulto y un menor: 735,71 euros al mes, 8.828,52 euros anuales.
Un adulto y dos menores: 880,94 euros al mes, 10571,28 euros anuales.
Un adulto y tres o más menores: 1.026,13 euros al mes, 12.313,56 euros anuales.
Dos adultos: 629,21 euros al mes.
Dos adultos y un menor: 774,42 euros al mes, 7.550,52 euros anuales.
Dos adultos y dos menores: 919,63 euros al mes, 11.035,56 euros al año.
Dos adultos y tres o más menores: 1.064,84 euros al mes, 12.778,08 euros al año.
Tres adultos: 774,42 euros al mes, 7.550,52 euros anuales.
Tres adultos y un menor: 919,63 euros al mes, 11.035,56 euros al año.
Tres adultos y dos o más menores: 1.064,84 euros al mes, 12.778,08 euros al año.
Cuatro adultos: 919,63 euros al mes, 11.035,56 euros al año.
Cuatro adultos y uno o más menores: 1.064,84 euros al mes, 12.778,08 euros al año.

Esta es la cuantía mínima que se deberá de cobrar y que se ingresará de forma complementaria. Es decir, que si se es beneficiario por una cuantía de 1.064 euros al mes y se percibe rentas por el valor de 600 euros, se cobrará de IMV 464 euros y ese será el importe que se percibirá durante todo el 2022.
No he cobrado el ingreso mínimo vital ¿Qué hago?
En el caso de no haber cobrado todavía esta prestación no contributiva esta puede deberse a dos motivos. La primera es que todavía hay algunos bancos que no han optado por abonar la prestación debido a que hoy 25 de diciembre, día de Navidad es festivo, por lo que hasta el 27 o 28 de diciembre no se abonará la ayuda en la cuenta corriente.

Otro de los motivos que puede provocar no cobrar el ingreso vital es por el nivel de rentas del beneficiario. Para cobrar el IMV uno de los requisitos indispensables es no superar el umbral de ingresos económicos fijado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos son los límites de rentas fijados para 2022:
Un adulto solo: 16.917,60 euros.
Un adulto y un menor: 23.684,64 euros.
Un adulto y dos menores: 30.451,68 euros.
Un adulto y tres o más menores: 37.218,72 euros.
Dos adultos: 23.684,64 euros.
Dos adultos y un menor: 30.451,68 euros.
Dos adultos y dos menores: 37.218,72 euros.
Dos adultos y tres o más menores: 43.985,76 euros.
Tres adultos: 30.451,68 euros.
Tres adultos y un menor: 37.218,72 euros.
Tres adultos y dos o más menores: 43.985,76 euros.
Cuatro adultos: 37.218,72 euros.
Cuatro adultos y un menor: 43.985,76 euros.
Superiores: 43.985,76 euros.